El pasado 26, el diario El País publicaba un reportaje relativo a las denuncias presentadas contra las residencias por familiares de abuelos que murieron en ellas, recogiendo su dolor por sentirse culpables de no haber hecho más, una impotencia que se observa incluso en la redacción realizada por los periodistas firmantes del artículo.
Quizá la primera pregunta que nos deberíamos hacer es qué escenario social deseamos para nuestros olvidados, las mujeres y hombres cuya vida exprimimos mientras fueron útiles y que luego parecen estorbar. Como dice Joan Margarit: “Nos preparan para abrir la tienda o el supermercado, pero no para ser viejos” Tenemos que estudiar sobre todo carreras técnicas y producir y reproducirnos para llenar la tierra de crías y mantener la demografía en niveles que permitan al sistema seguir vivo. Pero algo más habrá que hacer para evitar que los viejos lleguen a una edad en que se pregunten ¿Y ahora que hago?
La pandemia ha puesto en evidencia una realidad que viene de atrás. Creamos jaulas para encerrar a los abuelos y quitarnos un estorbo por estar muy ocupados en cumplir con los roles del trabajo y ocio acordes con nuestra edad. La idea fue tan buena que el capitalismo pronto se percató del negocio y creó emporios, algunos de ellos de dimensiones impersonales, pasaron a ser gestionados por fondos buitre cuyos inversionistas paradójicamente también eran abuelos.
Pedro recuerda que cuando en solitario fue a enterrar a su padre, temió estar sepultando una caja vacía porque no pudo verlo y únicamente le entregaron el reloj que llevaba encima pero no encontraron ni su cartera ni DNI. Ahora espera una justicia que no llegará tampoco porque las administraciones responsables se están ocupando de echar tierra al asunto y olvidar a los abuelos otra vez.
Un magistrado del Tribunal Supremo reconoce que difícilmente prosperarán los procedimientos penales, cuando los hospitales rechazaban ingresos de las residencias por fuerza mayor, pero ve muy claras las demandas civiles posteriores para una indemnización, lo que equivale a decir que sus familiares recibirán como mucho un puñado de euros que pagaremos entre todos para que los verdaderos culpables, se vayan de rositas como el director de la residencia ELDER de Tomelloso, un tipo de 31 años, concejal del Partido Popular que estudió periodismo y director gracias a que su padre era el dueño del patronato y desapareció al primer contagio dejando a los empleados a su suerte. Ningún juzgado quiere abordar seriamente esta patata caliente y los casos se están quedando en audiencias provinciales carentes de medios que es el paso final para su olvido definitivo, en especial ahora que nos encontramos en el principio del final de la pandemia.