El encono político, ese “guerracivilismo” que impide que los dos grandes partidos, los más votados, se pongan de acuerdo ni siquiera en la renovación de las instituciones y al que no son ajenos los miembros del Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y perdón por el eufemismo porque quería decir de derechas, es el causante del reciente revuelo causado por su última sentencia, aquella que pone en entredicho no tanto el confinamiento en sí, como el modo de llevarlo a cabo por parte del gobierno.
A pesar de que ha transcurrido más de un año, no es tiempo suficiente para que no recordemos, cada momento vivido y sufrido y también las consecuencias de una oposición que desde que se constituyó el ejecutivo ha practicado un tipo de “trumpismo” consistente en considerar ilegal al gobierno. De hecho, en su afán por politizar al alto tribunal, el Partido Popular ha conseguido que siga siendo su número impar y con mayoría de su cuerda.
Por eso, que la medida que estamos comentando tomada por el Tribunal Constitucional es política y con el objeto principal de desprestigiar y causar daño en un gobierno que el propio tribunal considera contrario a su ideología, no creo sea duda para nadie y que elucubran con la medida como bien dice Margarita Robles, tampoco. Porque si no es así, cómo se puede entender que para argumentar su sentencia se diga que si se permite tal laxitud se estaría otorgando al Ejecutivo “la posibilidad de limitar otros derechos fundamentales garantizados por nuestra norma fundamental, de forma generalizada y con una altísima intensidad, mediante el simple expediente de afirmar (unilateralmente, sin posibilidad de debate y autorización parlamentaria previos, ni de control jurisdiccional) su carácter ‘meramente’ restrictivo, y no suspensivo”; y si esto no es elucubrar de que otro modo se puede definir.
Uno de los trabajos de la política consiste en pactar, elaborar, leyes y llegar a acuerdos para facilitar la vida entre las personas, limitando que estas tengan que acudir a la justicia para conseguirlo. Pero el enconamiento político, ese “guerracivilismo” al que me refería al inicio, ha judicializado la política de tal modo que se den imputaciones a policías, como ha ocurrido en Madrid, por entrar a patadas en una vivienda, así como imputaciones a los titulares de la misma por un delito de atentado ante la autoridad.
Opino que la derecha seguirá actuando, influyendo en todas las instituciones, condicionando a una parte de la prensa y utilizando cualquier medio que encuentre a su alcance y, en el saco de la derecha meto también a la mayoría del Tribunal Constitucional, hasta conseguir arrojar del gobierno a los que ellos consideran rojos que no merecen permanecer ahí ni un minuto más.